La Cuarta Republica

Correo politico, economico y literario de Monterrey

lunes, enero 08, 2007

ortiz mayagoitia

Miguel Ángel Granados Chapa
Ortiz Mayagoitia


nota original:

El cuarto presidente de la novena época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciada en 1995, fue elegido en contienda abierta, por mayoría de 7 de 11 votos, presumiblemente tras la evaluación de varias propuestas de trabajo
El 19 de septiembre pasado siete ministros desecharon la ponencia de su compañero Guillermo (Iberio) Ortiz Mayagoitia, que resolvía dar por concluida la investigación sobre violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho sin reconocer la participación del gobernador de Puebla, Mario Marín. El proyecto daba por buena la indagación realizada por dos magistrados -Óscar Vázquez Marín uno de ellos- que ni siquiera consideraron el papel del Ejecutivo poblano en aquellos acontecimientos. Aquel revés del pleno al trabajo de esos dos miembros del Poder Judicial federal resulta a la postre insignificante frente otras decisiones de los ministros, que el 27 de noviembre hicieron miembro del Consejo de la Judicatura a Vázquez Marín y el martes pasado eligieron presidente del tribunal constitucional (y de ese mismo Consejo) a Ortiz Mayagoitia.

El próximo 10 de febrero el cuarto presidente de la Corte en su novena época (iniciada en 1995) cumplirá 66 años de edad. Nacido en Misantla, estudió derecho en la Universidad Veracruzana e inició su carrera judicial en Poza Rica, dentro de la Judicatura del fuero común, como secretario de Acuerdos. El 1o. de junio de 1965 pasó a la federal, como actuario y secretario en el juzgado de distrito de Tuxpan y pronto se estableció en la Ciudad de México, como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Ésa era una posición que en el antiguo régimen judicial era adecuada para hacer carrera, pues las designaciones dependían directamente del favor de los ministros. Fue así como Ortiz Mayagoitia fue nombrado juez de distrito, cargo que desempeñó en Oaxaca y en el Distrito Federal. El 9 de marzo de 1981 fue ascendido a magistrado, miembro de tribunales de circuito en Villahermosa y el Distrito Federal.

En 1993 fue parte de una breve experiencia, la primera que hizo a miembros de la judicatura federal conocer asuntos electorales. En aquel año fue reformada la estructura del Tribunal Federal Electoral y se creó una sala de segunda instancia, para actuar sólo durante el proceso electoral de 1994, formada por magistrados de circuito, propuestos por la Suprema Corte a la Cámara de Diputados, que el 27 de octubre nombró a Ortiz Mayagoitia, Juan (Nepomuceno) Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Guillermo Velasco Félix para esa pasajera función, concluida la cual volvieron a sus tribunales. En 1995 Ortiz Mayagoitia y Silva Meza fueron propuestos por el presidente Zedillo al Senado para integrar (con nueve ministros más) el nuevo pleno de la Corte reformada. Y como el año pasado el presidente Fox hizo lo propio con la magistrada Luna Ramos y con Fernando Franco (que presidía aquel tribunal electoral) ahora los cuatro forman parte del tribunal constitucional.

Como lo hicieron cinco ministros más, en diciembre pasado Ortiz Mayagoitia presentó su candidatura a la presidencia de la Corte. Sustentó su aspiración en dos documentos, uno que contenía los lineamientos generales a que se atendría en caso de ser elegido, y una carta que en cierto modo sintetizaba las líneas anteriores. En esta explicó: "Me siento con vocación para desempeñar ese elevado cargo... fundamentalmente por sentido de responsabilidad. He escuchado opiniones en el sentido de que debo asumir este compromiso. He escuchado a mi propia conciencia y aquí estoy, lleno de ideas, cargado de buenas intenciones, con humildad, tratando de conseguir su aceptación".

Lo consiguió rápidamente. El 2 de enero, en la primera sesión después del receso invernal, un sola ronda bastó para que siete ministros, los necesarios, le dieran su voto. Por Silva Meza se inclinaron tres más. Y el ministro Sergio Valls se quedó con uno, el suyo propio. Aunque en su discurso de agradecimiento el nuevo presidente dio por sentado que la lectura de sus lineamientos fue base de su elección, por las dudas reprodujo la distinción que había planteado entre las funciones jurisdiccionales, las de representación y las administrativas.

Por su temperamento, su formación jurídica y su relación con el presidente al que reemplaza, Mariano Azuela Güitrón, el desempeño de Ortiz Mayagoitia tenderá a la continuidad, será conservador, aunque también sensible a los reclamos del tiempo y de la sociedad. Por ejemplo, hace algunos años no le pareció relevante, ni impugnable, que su hija Guadalupe Margarita Ortiz Blanco fuera secretaria en la Suprema Corte, de donde resultó que numerosas sentencias en que el padre fue ponente aparecieran suscritas también por la hija. En cambio, apenas fue elegido presidente favoreció que ella y su hijo Guillermo renunciaran a sus puestos en el Consejo de la Judicatura. Ella había pasado de la Corte a ese órgano judicial cuando Azuela fue elegido presidente de ambos cuerpos, y como secretaria ejecutiva de carrera judicial, adscripción y creación de nuevos órganos era mano derecha de Azuela.

También se mostró perceptivo de urgencias sociales al enlistar seis asuntos que la Corte debe resolver pronto: la definición de la jerarquía normativa de los tratados internacionales; la posible discriminación del Ejército a quienes padecen cáncer o sida; las acciones de inconstitucionalidad relativas a la llamada Ley Televisa (él, por supuesto, no la mencionó de esa guisa); la controversia relacionada con juegos y sorteos, controversias promovidas por los tribunales de Jalisco y Tlaxcala y un caso "de interés político y social", la "investigación relacionada con el gobernador del estado de Puebla".



Cajón de Sastre


Ayer, 7 de enero, se cumplió un siglo de la represión militar a los huelguistas de la fábrica textil de Río Blanco, fundada apenas en 1892 y adquirida por la Compañía Industrial de Orizaba. Esa región veracruzana había prosperado mediante la sustitución de la mano de obra artesanal por la producción industrial, que generó un sindicalismo influido por corrientes radicales que supusieron lícito evitar que los empresarios trasladaran a los asalariados sus dificultades de mercado y en cambio no estuvieran dispuestos a distribuir los beneficios de sus épocas de bonanza. Los obreros de los establecimientos de Santa Rosa, Nogales y Río Blanco paralizaron sus labores en busca de mejores condiciones de trabajo y, como había ocurrido seis meses antes en el norte, en la zona minera de Cananea, el Ejército federal intervino violentamente para forzar la vuelta al trabajo. Durante mucho tiempo, los sindicatos textiles afiliados a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) tuvieron el 7 de enero como un hito histórico que se festejaba rumbosamente. Hoy no hay fiesta porque no hay industria ni sindicatos.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Camacho solis

Felipe: el arranque
Manuel Camacho Solís
8 de enero de 2007

A juzgar por las acciones de las primeras semanas de Felipe Calderón, no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre su capacidad para enfrentar el reto principal de su administración: la gobernabilidad. Calderón empieza a ejercer el mando, pero aún no ha dado pasos serios para reconstruir la autoridad moral del gobierno.

El Presidente ordenó intervenciones espectaculares de la fuerza pública y dio un paso positivo en cuanto a su coordinación, pero el problema no se resolverá sólo así. El gobierno logró la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto, pero no cambios a favor del crecimiento, la competitividad o la mayor igualdad. Pero, sobre todo en su relación con la crítica y la inconformidad política y social, no hay muestras definitivas a favor de la reconstrucción de la credibilidad pública y la legitimación del régimen.


No se puede descartar la utilidad de los operativos en Michoacán y Tijuana. Más allá de sus efectos propagandísticos, lo primero que se necesita para enfrentar a la delincuencia es coordinación interna. Poner en movimiento a las fuerzas en función de objetivos inmediatos es una forma de hacerlo. Crear los niveles de cooperación y confianza interna es indispensable. Pero por las experiencias previas y lo ocurrido en otros países que han tenido mayor éxito (incluido Colombia), se sabe que no es con el Ejército en las calles como se gana esa batalla. Se avanza cuando se logra integrar equipos confiables de inteligencia, coordinación de toda la cadena de seguridad y justicia, seguimiento del dinero para detectar los apoyos y las redes de control y blindaje (político, institucional y mediático) de la política. La contención es arriba, más que abajo, pues como dicen quienes tienen experiencia en la materia: el pez se empieza a pudrir por la cabeza y no por la cola.


Los operativos también se desgastan. La primera vez llaman la atención. Cuando se repiten, sus rendimientos van en descenso porque se vuelven predecibles o porque entran a la parte más difícil del combate. Además está el peligro de los excesos. Es mucha la experiencia que se tiene como para no saber que investir con demasiado poder a una autoridad lleva pronto a la utilización no legal de ese poder, lo mismo en violaciones de derechos humanos que en acciones delincuenciales. El mismo clima que se crea en las operaciones puede llevar a excesos que desfiguren a la persona y a la autoridad presidencial, cuya fuente de poder no son las cinco estrellas que consagra la ley, sino las atribuciones que le otorga la Constitución al poder civil, al Ejecutivo, y el peso mismo de la institución presidencial, cuando ésta se protege.


En la economía, es meritoria (para el Ejecutivo y el Legislativo) la aprobación del Presupuesto, pero es insuficiente frente a los retos urgentes del crecimiento y la desigualdad. Pasar de lo inercial a nuevas prioridades de política económica es complejo, y el momento no era propicio, pero en un horizonte de seis años, con el entorno internacional previsible, lo que se ha hecho no será suficiente. Por lo pronto en 2007 el crecimiento será menor. Para la hora que vive México, no basta con sentarse y cumplir con el mínimo. Tomar el control del gobierno y contar con un presupuesto. La sociedad tiene que encontrar la manera de debatir los temas de fondo. El gobierno, no depender de su aparato de propaganda. El Congreso, abrir espacios de cambio institucional. Las fuerzas políticas, hablar, sin traicionar sus mandatos.

Un país como México -que vivió al límite del precipicio- no puede construir su gobernabilidad con la mera fuerza burocrática de un sistema que compra lealtades. La política tiene que ganar autoridad moral y para ello se necesita visión, pasión social, convencer de que se actúa sin propósitos electoreros e imaginación para generar nuevos espacios de interlocución. Eso, que también es indispensable para la gobernabilidad, está pendiente.


Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista

TV para legitimarse

En medios electrónicos
Calderón cuenta con 700 mil horas para difusión

Si bien el Estado debe garantizar a otros sectores ajenos al Poder Ejecutivo federal el acceso a los tiempos oficiales —distribuyéndolos según las gestiones y necesidades que se planteen—, Presidencia se queda con la mayor parte.
El mandatario tendrá 40% de las horas pautadas como tiempo oficial. Foto: René Soto



8-Enero-07


Como nunca antes en la historia del país, el Presidente de la República en turno, Felipe Calderón Hinojosa, tendrá a su disposición un total de 701 mil 815 horas pautadas disponibles de tiempos oficiales que corresponden al Estado en estaciones de radio y televisión.

Con ese arsenal de tiempo bajo su control, Calderón podrá posicionar y consolidar toda política y programa de su gobierno respecto de cualquier sector que así lo requiera, tanto del gabinete legal como del ampliado.

Más aún, con esa cantidad de horas, si así lo requiere, el mandatario avasallaría todo intento de crítica hacia su mandato, por lo que la oposición a su sexenio se vería prácticamente disminuida.

Si bien el Estado debe garantizar a otros sectores ajenos al Poder Ejecutivo federal el acceso a esas horas pautadas, distribuyéndolas de acuerdo con las gestiones y necesidades que se planteen, prácticamente el Poder Ejecutivo federal se queda con la mayor parte de ese tiempo disponible.

Con base en el marco legal para la aplicación de tiempos oficiales, se desprende que el Ejecutivo se quedará con 40 por ciento de las horas pautadas como tiempo oficial del Estado, el Poder Legislativo con 30 por cientoy el Judicial con 10 por ciento.

El 20 por ciento restante se reparte entre otros entes públicos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, entre otros muchos más.

El área del gobierno federal que se encarga de administrar el uso de los tiempos oficiales es la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, la cual depende directamente de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

Fue esa subsecretaría de la Segob la que el 15 de diciembre pasado envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su proyecto de presupuesto de egresos para 2007, y entre sus metas presupuestarias está la de administrar las 701 mil 815 horas pautadas disponibles de tiempos oficiales.

Además de eso, dicha dirección tiene contemplado gastar en este 2007 poco más de 237 millones de pesos bajo el argumento de conducir la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación, así como monitorear los contenidos editoriales de cine, radio y televisión.

Al comenzar 2007, Felipe Calderón emitió un mensaje de Año Nuevo por radio y televisión, en el que refrendó sus compromisos de campaña: combate a la inseguridad y creación de empleos.

- Claves

Contrastes

• Las 701 mil 815 horas pautadas disponibles de tiempos oficiales del Estado contrastan con las 663 mil 500 horas de las que dispuso el gobierno de Vicente Fox Quesada.

• Los tiempos oficiales del Estado en el actual sexenio crecieron 5.77 por ciento, lo que representa un aumento de 38 mil 315 horas más.

México • Rodolfo Montes