papel y tinta

La Cuarta Republica
El Maestro emérito D. Ignacio Burgoa resumió: “Estado de Derecho e Ingobernabilidad son incompatibles, se excluyen. Hay gobernabilidad cuando se respeta el estado de derecho, hay ingobernabilidad cuando el derecho se abandona, se viola, se ignora.” Pocas beses en la vida nacional se han cumplido estos preceptos, la mayoría de los mexicanos que nos ha tocado en suerte nacer, vivir y morir en esta tierra prodiga, lo hemos visto en muy escasas ocasiones. El derecho si no se viola se abandona y en su mayoría se ignora. Podemos esperar que el ciudadano no cumpla las reglas de convivencia social. Si esto pasa, existe la autoridad que por el mandato de la ley lo faculta para usar legítimamente la fuerza para hacer cumplir el precepto. Eso es lo esperado, pero la realidad nos muestra algo más tenebroso; el que debe hacer cumplir el derecho, no lo cumple, también lo viola, lo ignora y lo olvida. ¿Quién ara cumplir la ley si el encargado de hacerlo no lo hace?

Bajo esta línea de ideas hace mucho tiempo que la republica vive en un estado de ingobernabilidad. Usted distinguido lector le podría parecer una exageración, y probablemente la sea en el sentido que; la convivencia social se da, las actividades económicas se llevan acabo, pero, el desarrollo social, económico, políticos no se da, vivimos en un constante atraso y esto no lo digo yo, lo mencionan a diario los propios actores de la sociedad. Hace tiempo que el respeto a la ley no se da y hace mucho tiempo que estamos acostumbrados a que esto suceda, no nos importa si aun vecino o amigo le suceda, es tan común que es parte de la cotidianidad, por eso no nos sorprende y, en el mejor de los casos simplemente nos conformamos, somos conformista a sabiendas que como lo expresara la filosofa Hanna Arendt, el conformismo es sinónimo de negación de nuestra libertad.
No estamos dispuestos a ejercer nuestra libertad, nos conformamos con lo que nos quieran dar, no con lo que nos corresponde. Esto no lo ignora nadie, todos lo sabemos de sobra, como sociedad hemos caído en el cinismo, nos mudamos de careta según nuestras conveniencias. Nuestra escala de valores esta tergiversada del latín tergiversare, que significa dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Nuestro fundamento moral esta en lo que nos conviene y, no en lo que es justo, tenemos una idea tergiversada de la justicia y en nuestra culpa esta nuestra penitencia por lo tanto no es bueno quejarnos de aquello que permitimos que pase con nuestra ignorancia, olvido o complacencia.

Por eso la insistencia en casi todos los medios de comunicación por parte de los principales líderes de opinión política en su incesante afán de convencernos que vivimos en el ya famoso estado de derecho no se diga los propios actores política. Y las voces disidentes son renegadas.

Glosario
Derecho: (Del lat. directus, directo).adj. Recta, igual, seguida, sin torcerse a un lado ni a otro. Justo, legítimo. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.

Justicia: (Del lat. iustitĭa). Aquello que debe hacerse según derecho o razón.

Ley: (Del lat. lex, legis). Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. f. Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. En el régimen constitucional, disposición votada por las Cortes y sancionada por el jefe del Estado. Estatuto o condición establecida para un acto particular.
Hasta la próxima distinguidos 4 lectores
job cortes

Lorenzo Meyer

>Lorenzo Meyer

Mensaje.

Cuando se decide hacer de una demostración de fuerza el centro del primer gran mensaje a la sociedad, es que se ha decidido poner como primera lo que debiera ser la razón última de la política.

Fuerza.
Iniciar el gobierno de un Presidente débil con un gran despliegue de las Fuerzas Armadas y de la policía federal en Michoacán y Baja California es un arma de doble filo. Por un lado, puede mandar un mensaje de "mano fuerte" tanto al narcotráfico como al resto de la sociedad, en particular a la oposición.

Por el otro, si la situación no se maneja bien, la acción puede resultar contraproducente, pues el gobierno se ha obligado a que su éxito en la lucha contra los cárteles de la droga sea tan espectacular y contundente como el mensaje mismo. Vale aquí el símil con un cuerpo infectado: si el antibiótico no es el apropiado o se usa en dosis o forma erróneas, las bacterias terminarán fortaleciéndose y el mal se agravará.

La razón última en que descansa el poder del Estado, de cualquier Estado, es la fuerza.

Cuando un gobierno decide hacer de esa fuerza la parte central de su primer gran mensaje a la sociedad, significa que se pone lo que debiera ser su razón última como primera.

Una decisión de esa naturaleza -una inversión de prioridades- sólo se explica porque existe una situación de emergencia, porque en el centro del poder se vive una sensación de debilidad e inseguridad o por ambas razones.

Y es que apenas habían transcurrido 35 días del nuevo gobierno éste ya había acumulado 18 eventos públicos donde el jefe del gobierno aparecía relacionándose positivamente con el Ejército, la Armada o una policía federal cuyo origen está en esas dos instituciones (Proceso, 7 de enero, 2007).

Uniforme.
El uso de la fuerza física del Estado es una tarea de cuerpos especializados y que generalmente la ejercen portando un uniforme que los distingue.

Desde tiempos remotos, particularmente desde la época de la Roma imperial, los ejércitos usan uniformes, entre otras razones, como forma de expresar públicamente la naturaleza de su función.

En el caso de las monarquías o dictaduras militares, el mismo jefe de Estado viste ese uniforme, pero en el siglo XX y aunque no eran propiamente militares, Hitler, Stalin o Mao gustaban de atuendos con aire militar para remarcar la importancia de la fuerza en su proyecto.

Sin embargo, en las repúblicas democráticas lo usual es que el Presidente no use atuendo militar, lo que no disminuye sino que da un mejor sentido a su papel de jefe de las Fuerzas Armadas.

El que en situaciones supuestamente normales el líder civil de una república democrática decida presentarse en público vistiendo partes de un uniforme militar es, por decir lo menos, una situación tan fuera de lo común que, de no explicarse como una mera excentricidad, implica un ambiguo mensaje político.

En nuestro pasado, Venustiano Carranza, un civil que actuó como "Primer Jefe del Ejército Constitucionalista" que se enfrentaba a un gobierno de soldados golpistas, decidió portar un atuendo similar al militar pero sin insignias.

Esa decisión se justificó entonces porque el país vivía una situación de guerra civil. Sin embargo, tras el triunfo del carrancismo, los presidentes -hasta 1946 casi todos ellos militares- optaron por aparecer en público como civiles, justamente para hacer gala de una legitimidad supuestamente ganada no con armas sino con votos.

Fotografía.
El 4 de enero, y sin que mediara guerra civil o emergencia nacional alguna sino sólo la operación contra el narcotráfico, todos los medios de comunicación mexicanos difundieron la imagen de un Felipe Calderón portando una gorra y una chamarra verde olivo aunque sobre una camisa, pantalón y calzado de civil.

El conjunto daba la apariencia no de marcialidad sino de lo que hoy se denomina "atuendo casual" y en una talla no apropiada.

La indumentaria en cuestión tenía un águila rodeada de cinco estrellas: el símbolo que corresponde en México al jefe nato de las Fuerzas Armadas ("general de generales"), aunque para identificarlo había que prestar atención, pues águila y estrellas eran obscuras, justo para que pasen desapercibidas a ojos de un posible enemigo.

En suma, la imagen se apartaba, con mucho, de lo que se supone que debe ser la "figura presidencial".

Identificación.
Como ya se advirtió, el esfuerzo de identificación de Calderón con las Fuerzas Armadas es, por ahora, uno de los rasgos más notorios del arranque de su gobierno.

Desde el primer día y hasta culminar en la escena del "semi-uniforme" -que tuvo lugar en la 43° Zona Militar, en Apatzingán, a donde acudió a "rendir tributo" a las Fuerzas Armadas en lucha contra el narcotráfico-, Calderón se ha esforzado por hacer patente que el Ejército está con él y él con el Ejército, al punto que exentó a la dirección de las Fuerzas Armadas de ese modesto gesto de austeridad que fue la disminución en los sueldos de la alta burocracia del 10 por ciento.

El deseo de hacer notoria tanta cercanía con el sector militar ha producido varias explicaciones.

De entrada, está la debilidad electoral. Formalmente y desde que se supone que en México se elige al Presidente por voto directo, ninguno había tenido que aceptar una victoria de apenas poco más de un tercio del total y con sólo medio por ciento por encima de su rival.

Además, enfrenta una oposición que no lo acepta como legítimo porque la naturaleza de la campaña electoral y el conteo de los votos impidieron que la elección cumpliera con los requisitos constitucionales de imparcialidad, equidad, legalidad y certidumbre.

Está, además, el hecho de que las encuestas de opinión han dado por resultado que las Fuerzas Armadas, a ojos del ciudadano, son una institución más confiable que la Presidencia.

En fin, que es casi inevitable concluir que la ostentosa cercanía del jefe del Ejecutivo con el Ejército se origina en un sentimiento de inseguridad y en la decisión de mostrarse como un mandatario dispuesto a usar la fuerza para imponerse sobre quienes le desafíen, como fue ya el caso de las acciones de la policía federal contra la APPO en Oaxaca -acciones donde, por cierto, abundaron abusos e ilegalidades (El Universal y La Jornada, 9 de enero)- y son ahora las emprendidas contra el narcotráfico.

El instrumento y su historia.
William Ralph Inge, escritor inglés del siglo pasado, advirtió lo obvio: "alguien puede construirse un trono de bayonetas, pero no podrá sentarse en él".

Depender de manera abierta del Ejército para mantener el orden institucional no es lo apropiado para democracia alguna en tiempos supuestamente normales, menos para una tan poco asentada y con una historia como la mexicana.

En 1810, la guerra de independencia catapultó de manera inesperada a un Ejército de reciente creación al primer plano de la vida política mexicana.

En 1813, el general Félix María Calleja pasó de salvador militar del orden colonial al derrotar a los insurgentes a desplazar a Francisco Javier Venegas como virrey.

La independencia misma la llevó a cabo un militar criollo -Agustín de Iturbide- que también de improviso cambió de bando y se proclamó emperador.

A partir de entonces y hasta pasado el medio siglo, la figura del general Antonio López de Santa Anna se constituyó en el eje de la política de un Estado fallido, como fue México en sus primeros decenios de vida independiente.

Benito Juárez, un civil, dependió siempre del Ejército para mantenerse en el poder y empezar a dar forma a un Estado digno de tal nombre.

Finalmente, el general Porfirio Díaz fue quien estabilizó la situación a cambio de una dictadura. Tanto Juárez como el propio Díaz, en cuanto pudieron, restaron efectivos y preeminencia a las Fuerzas Armadas.

La Revolución de 1910 fue conducida inicialmente por dos civiles -Francisco I. Madero y Carranza-, pero ambos fueron asesinados por militares traidores y a partir de 1920 y hasta 1946 México fue gobernado por militares (salvo por las breves presidencias de De la Huerta y Portes Gil).

Sin embargo, todavía después, la sombra política del Ejército siguió pesando, como lo indica el número de generales que fueron presidentes del partido oficial o el papel que jugó el Ejército en las crisis políticas del henriquismo, de 1968 y la "guerra sucia".

Tras el fraude de 1988, Carlos Salinas también buscó, al inicio de su gobierno, aparecer repetidas veces arropado por el Ejército y fueron militares los que le sirvieron de instrumento en el golpe espectacular que lo afianzó en el poder: el arresto del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina.

En suma La simbiosis Calderón-Fuerzas Armadas, más que un mensaje de firmeza, puede interpretarse como inseguridad. Más inquietante aún es el papel del Ejército en la lucha contra el crimen: si falla será un desastre y si triunfa, ¿volverá al discreto segundo plano político del que ha salido?

Grabadis Chaoa Atenco

Guadalupe Loaeza

Guadalupe Loaeza.

En la madrugada...

No sé dónde leí que los mexicanos somos muy desvelados, de ahí que suponga que el primer programa titulado La verdad sea dicha haya tenido más rating del que esperaba TV Azteca. Seguramente muchos desvelados y desveladas se encontraban a esas horas de la madrugada zapeando cuando de pronto apareció en su pantalla un personaje que hacía meses no veían en los medios.

Tal vez algunas y algunos de ellos hasta se asustaron y luego luego le cambiaron de canal, pero seguramente hubo muchos televidentes, más de los que se imaginaba la televisora, que se mantuvieron atentos al Canal 13 y escucharon una voz que les resultaba sumamente familiar: "Nos llevó varios meses conseguir este tiempo en la televisión; no es gratis, es pagada. Quisimos que fuera un mejor horario, pero no se pudo; aceptamos (estas condiciones) porque tenemos que romper el cerco informativo".

Sí, allí estaba el líder social, el líder que no se da por vencido y al que muchas y muchos mexicanos reconocen como su "presidente legítimo". Allí estaba sentado a un lado de una mesa de madera color caoba, con una actitud serena y digna. Allí estaba hablando pausadamente, flanqueado con la bandera mexicana y a sus espaldas un enorme grabado en tinta de don Benito Juárez. Allí estaba con su pelo muy blanco, cuyas canas hacían juego con su camisa blanquísima.

Vestido de traje gris oxford, se veía más delgado que de costumbre: "La otra televisión (refiriéndose a Televisa), ni siquiera voy a mencionar su nombre porque no le voy a hacer publicidad, está por entero entregada a la derecha; nada más sacan reportajes, noticias de los hombres del régimen, de los miembros del gobierno usurpador...".

Y al escuchar lo anterior, no ha de haber faltado el televidente memorioso que de repente se acordó de aquella emisión de análisis político de la "otra televisión" que vio a principios del año, cuyos analistas, muy bien vestiditos y como muy contentos, polemizaban sobre el "estilo personal de gobernar del presidente Calderón", como si éste hubiera ganado la Presidencia con el 90 por ciento de los votos.

Ha de haber recordado lo que pensó en esos momentos: "Ya ni la amuelan estos supuestos analistas que ni son politólogos ni nada, sino simples conductores de noticiarios, que hablan del país como si no hubiera pasado nada ni antes ni tampoco después de las elecciones. Ya ni la amuelan porque ya están felicitando las acciones de Calderón cuando no lleva gobernando ni un mes. Claro, es la consigna de la empresa que les paga su cheque, además, qué podrían decir si están frente a su patrón. Ni modo que lo contradigan.

¿Qué no se darán cuenta de que los televidentes nos damos cuenta?
¿Dónde está su ética, su profesionalismo?
¿Por qué a lo largo de todo el programa ninguno de ellos se refirió a un año más de Chiapas sin solución, a la represión que existe en Oaxaca?

No, nada más se refieren al supuesto 'estilo de gobernar de Calderón'.

¿Por qué no habrá otros programas de televisión en donde se nos informe del otro México, el que se quedó colgado de la brocha, por qué a fuerzas nos quieren seguir vendiendo a Foxilandia?", se ha de haber preguntado ese televidente que con avidez se bebía las palabras de López Obrador:

"Ya sería el colmo que a esta hora de la noche quisieran censurarnos, de manera que exijo respeto", seguía diciendo el líder.Supongamos asimismo que algunos corresponsales extranjeros, tal vez no vieron el programa en la tele, dada la hora tan tardía de su trasmisión, pero al otro día entraron a la página www.lopezobrador.org.mx, en la cual pudieron captar y escuchar sin problema los 20 minutos durante los cuales habló Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué habrán pensado? Tal vez les llamó la atención el escenario donde se encontraba el líder social, cuya escenografía resultaba muy grata. Una bonita luz que venía de un ventanal cubierto con una cortina de gasa, un espacio agradable en el cual se respiraba un ambiente muy tranquilo.

Seguramente muchos de ellos apreciaron el profesionalismo y el físico muy grato de la actriz Dolores Heredia, quien manifestara que la primera emisión del programa era un "ejercicio de libertad" en el que se tratarán muchos hechos que medios de comunicación y noticiarios "omiten y afectan a las grandes mayorías".

Quizá a algunos de estos corresponsales extranjeros les ha de haber parecido sumamente ridículo el hecho de que el líder social no pudiera expresarse en otros medios y que se viera obligado a hacerlo hasta la madrugada pagando la cantidad de 219 mil pesos más IVA.

No habrá faltado alguno de ellos que se preguntara con qué dinero iría a pagar López Obrador esa cantidad que, aunque pequeña, si realmente su programa se transmitiera semana a semana, representaría un monto ya considerable. Para después descubrir el enigma, ya que al finalizar la emisión leyeron un aviso en donde se solicitaba a los televidentes su cooperación para poder seguir costeándola.

Pero antes de que llegaran al final del programa para confirmar lo anterior, imaginamos que se han de haber reído con los últimos 10 minutos dedicados a una sección muy irónica titulada Noticreas, conducida por "Carlos Loharé de Mole". Acaso algunos de estos corresponsales reconocieron a Jesusa con peluca de calvo y enormes orejas, igualita al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Pero estos televidentes se han de haber sentido muy indignados cuando en la primera parte de este noticiario tan sui géneris vieron aparecer un número de denuncias de habitantes de Oaxaca en donde se manifestaban las violaciones hechas por los elementos policiacos.

Claro que después se han de haber reído cuando vieron el fragmento de la entrevista que su "tocayo" Carlos Loret de Mola le hiciera hace poco al flamante secretario de Hacienda, Agustín Carstens, donde reconoce públicamente que en el 2007 habrá una reducción en la generación de puestos de trabajo, a pesar de lo prometido por Calderón.

No, definitivamente, estos corresponsales no han de entender para nada lo que sucede en nuestro país en materia política, porque, por un lado, han de haber encontrado interesante la reaparición de López Obrador a través de un canal de televisión, pero, por el otro, no han de haber comprendido nada cuando se enteraron de que esta misma televisora canceló en varios estados el programa La verdad sea dicha, como en los casos de Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala y Chihuahua.

"Qué bueno que esto no puede suceder con el internet. Basta con entrar a la página de López Obrador para que la verdad sea dicha...", respecto al otro México, del que no hablan en la otra televisión, acaso pensó alguno de los corresponsales extranjeros curioso de saber si el próximo martes a la 1:00 a. m., efectivamente, seguirá pasando la emisión de líder social.

la justicia imperial

EDITORIALISTAS DEL UNIVERSAL.

La justicia imperial

Porfirio Muñoz Ledo

11 de enero de 2007

La primicia política del año fue la elección del Presidente de la Suprema Corte. Los pronósticos se confirmaron y fue escogido el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, eminencia gris del bloque dominante, quien -tras de escarceos menores- obtuvo en primera vuelta la mayoría suficiente de siete votos. El humo blanco que anunció la culminación del cónclave en nuestro palacio vaticano selló en este caso, como en del cardenal Ratzinger, la consolidación de una tendencia que es menester analizar.

Significa la continuidad de una tradición conservadora en lo ideológico y caciquil en el ejercicio de la autoridad, esto es, obsecuente hacia el Ejecutivo en lo exterior y verticalista hacia el interior de la Judicatura. Un poder dentro del Estado, más que un Poder del Estado.

Los antecedentes del designado, el programa de trabajo que presentó en diciembre y sus primeros pronunciamientos dejan pocas dudas respecto del sentido que pretende imprimir a su tarea. La primacía del formalismo, y aun del "letrismo" cuando conviene, en olvido al deber "garantista" del tribunal supremo.

Los casos más relevantes en los que intervino el nuevo presidente lo pintan de alma entera. Votó en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal con el peregrino argumento de que "la Constitución" protege la vida de los seres humanos desde la fecundación; dirimiendo así una contradicción de tesis entre la República y la Iglesia, a favor de esta última. Avaló que una persona, tanto en México como en el extranjero, pueda ser condenada a cadena perpetua, por no considerarla pena inusitada, sino -suponemos- regular o hasta trivial.

Por lo que hace a su concepto de la división de poderes, bastaría citar su anuencia al veto del presidente Fox contra el Presupuesto de Egresos de 2005, en desacato flagrante del mandato constitucional; su oposición a que la Auditoría Superior de la Federación averiguara las irregularidades cometidas en el saneamiento del Fobaproa y su negativa a que se sometiera a juicio político al gobernador de Morelos y se investigara si el Góber precioso violó las garantías individuales de Lydia Cacho. Complicidad política, simple y llana.

Sus intenciones de reincidencia son expresas. Se apresuró a declarar que no habrá "golpe de timón" en la conducción de la Corte, sino una "evolución", sin especificar hacia dónde. Censuró implícitamente a sus predecesores, adelantando que no habrá "presidencialismo puro y directo", ni tampoco una "presidencia compartida". Finge ignorar que Vicente Aguinaco y Genaro Góngora comprometieron su liderazgo, a contracorriente, para conquistar la independencia de la Corte y que Mariano Azuela encubrió su política blanda tras del grupo mayoritario. No busca "activismo judicial o de avanzada" ni necesita disfraces colectivos. Tal vez quiere ser, por sí mismo, un papa reaccionario.

La reacción de los diputados ante la justicia imperial que padecemos es un aviso oportuno. Para el ejercicio de 2007 redujeron al Poder Judicial de la Federación 4 mil 191 millones de pesos respecto del presupuesto anterior. El mayor recorte se aplicó al Consejo de la Judicatura (3 mil 324 millones) y enseguida a la propia Suprema Corte (62l millones). Algunos argumentos: cada plaza del Poder Judicial -incluyendo las más modestas- tiene un costo anual neto de 605 mil 472 pesos, el ingreso de los consejeros de la Judicatura ascendió a 4 millones 356 mil pesos anuales y cada uno de los cuarenta ministros jubilados recibió el año pasado 2 millones 766 mil pesos. Una contribución ejemplar a la equidad de salarios y pensiones entre los mexicanos.

La reforma del Estado tiene como objetivo prioritario la transformación democrática del Poder Judicial, para devolverle majestad e independencia, mediante la abolición de la arrogancia, la corrupción y la obsecuencia. Para otorgar a los ciudadanos el acceso efectivo a una justicia honesta, transparente, expedita y retributiva. Tres son cuando menos las tareas más urgentes: la creación de una Corte Constitucional, la autonomía plena del Consejo de la Judicatura y el impulso decidido al Libro Blanco de la Reforma Judicial que fue entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

El debate en torno a la creación de una Corte Constitucional, lanzado por la Comisión de la Reforma del Estado en 2000 fue pospuesto a petición del Pleno de la Corte, durante diálogos abiertos que sostuvimos, debido a la batalla por su independencia que entonces libraban. Convinimos en que el actual sistema de designación del Poder Judicial es inadecuado y propusimos que, una vez que avanzara el proceso de transición democrática, se retomara la discusión respecto de la instauración de un tribunal constitucional, que absorbiera las facultades que ésta tiene en materia de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, cuyos actores sean autoridades públicas.

Dejamos claro que si bien las reformas de diciembre de l994 habían consolidado la función de la Corte en todas las modalidades de control de la constitucionalidad, no es menos cierto que el arbitraje entre poderes le fue concedido históricamente porque se trataba de un poder político, antes que poder jurisdiccional. Recordamos que en la Carta de 1824, en la de 1857 y en la original de 1917, sus miembros eran electos, o por sufragio universal o bien por una combinación de decisiones de los Congresos de los Estados y del de la Unión. Era un Poder federativo por antonomasia. En cambio, desde la reforma de 1928, ningún ministro de la Corte puede ser nombrado sino a propuesta del Presidente de la República.

Pensamos que era conveniente mantener por algún tiempo ese mecanismo de designación, para no afectar la estabilidad del órgano, pero condicionado a fortalecer su carácter de máximo tribunal de legalidad y de control constitucional por la vía del amparo, y confiar más tarde a un poder de conformación democrática las controversias entre autoridades. Propusimos volver al sistema de 1917, de modo que el Congreso, a propuesta de las legislaturas estatales, conformara un órgano de carácter eminentemente político, responsable de velar en última instancia por el correcto funcionamiento del sistema constitucional.

Parece también inconsecuente que la cabeza del Consejo de la Judicatura sea el Presidente de la Corte, lo que genera una confusión de poderes. No sólo porque los miembros de ese órgano hacen mayoría en el Consejo, sino porque actúan como jueces y partes. Detentan facultades de evaluación, promoción, y sanción sobre el cuerpo que ellos dirigen, tienen competencia para dictar acuerdos sobre el desempeño de sus propias funciones y fiscalizan y auditan el empleo de los recursos que ellos mismos ejercen. Para colmo, también dirimen controversias sobre sus propias decisiones en los casos previstos por la ley. Con sobra de argumentos, el jurista Jaime Cárdenas Gracia ha propuesto la conversión del Consejo en un órgano constitucional autónomo de amplia composición.

El árbol de la justicia se conoce por sus frutos, aunque temo que muchos estén podridos desde su gestación. El empeño que inviertan en promover las reformas judiciales que propusieron a los otros poderes será señal inequívoca de regeneración o de contumacia; de imperialismo ramplón o voluntad genuina de servicio público. A las pruebas nos atendremos.

EDITORIALISTAS DEL UNIVERSAL.

La justicia imperial

Porfirio Muñoz Ledo11 de enero de 2007

La primicia política del año fue la elección del Presidente de la Suprema Corte. Los pronósticos se confirmaron y fue escogido el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, eminencia gris del bloque dominante, quien -tras de escarceos menores- obtuvo en primera vuelta la mayoría suficiente de siete votos. El humo blanco que anunció la culminación del cónclave en nuestro palacio vaticano selló en este caso, como en del cardenal Ratzinger, la consolidación de una tendencia que es menester analizar.

Significa la continuidad de una tradición conservadora en lo ideológico y caciquil en el ejercicio de la autoridad, esto es, obsecuente hacia el Ejecutivo en lo exterior y verticalista hacia el interior de la Judicatura. Un poder dentro del Estado, más que un Poder del Estado.

Los antecedentes del designado, el programa de trabajo que presentó en diciembre y sus primeros pronunciamientos dejan pocas dudas respecto del sentido que pretende imprimir a su tarea. La primacía del formalismo, y aun del "letrismo" cuando conviene, en olvido al deber "garantista" del tribunal supremo.

Los casos más relevantes en los que intervino el nuevo presidente lo pintan de alma entera. Votó en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal con el peregrino argumento de que "la Constitución" protege la vida de los seres humanos desde la fecundación; dirimiendo así una contradicción de tesis entre la República y la Iglesia, a favor de esta última. Avaló que una persona, tanto en México como en el extranjero, pueda ser condenada a cadena perpetua, por no considerarla pena inusitada, sino -suponemos- regular o hasta trivial.

Por lo que hace a su concepto de la división de poderes, bastaría citar su anuencia al veto del presidente Fox contra el Presupuesto de Egresos de 2005, en desacato flagrante del mandato constitucional; su oposición a que la Auditoría Superior de la Federación averiguara las irregularidades cometidas en el saneamiento del Fobaproa y su negativa a que se sometiera a juicio político al gobernador de Morelos y se investigara si el Góber precioso violó las garantías individuales de Lydia Cacho. Complicidad política, simple y llana.

Sus intenciones de reincidencia son expresas. Se apresuró a declarar que no habrá "golpe de timón" en la conducción de la Corte, sino una "evolución", sin especificar hacia dónde. Censuró implícitamente a sus predecesores, adelantando que no habrá "presidencialismo puro y directo", ni tampoco una "presidencia compartida". Finge ignorar que Vicente Aguinaco y Genaro Góngora comprometieron su liderazgo, a contracorriente, para conquistar la independencia de la Corte y que Mariano Azuela encubrió su política blanda tras del grupo mayoritario. No busca "activismo judicial o de avanzada" ni necesita disfraces colectivos. Tal vez quiere ser, por sí mismo, un papa reaccionario.

La reacción de los diputados ante la justicia imperial que padecemos es un aviso oportuno. Para el ejercicio de 2007 redujeron al Poder Judicial de la Federación 4 mil 191 millones de pesos respecto del presupuesto anterior. El mayor recorte se aplicó al Consejo de la Judicatura (3 mil 324 millones) y enseguida a la propia Suprema Corte (62l millones). Algunos argumentos: cada plaza del Poder Judicial -incluyendo las más modestas- tiene un costo anual neto de 605 mil 472 pesos, el ingreso de los consejeros de la Judicatura ascendió a 4 millones 356 mil pesos anuales y cada uno de los cuarenta ministros jubilados recibió el año pasado 2 millones 766 mil pesos. Una contribución ejemplar a la equidad de salarios y pensiones entre los mexicanos.

La reforma del Estado tiene como objetivo prioritario la transformación democrática del Poder Judicial, para devolverle majestad e independencia, mediante la abolición de la arrogancia, la corrupción y la obsecuencia. Para otorgar a los ciudadanos el acceso efectivo a una justicia honesta, transparente, expedita y retributiva. Tres son cuando menos las tareas más urgentes: la creación de una Corte Constitucional, la autonomía plena del Consejo de la Judicatura y el impulso decidido al Libro Blanco de la Reforma Judicial que fue entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

El debate en torno a la creación de una Corte Constitucional, lanzado por la Comisión de la Reforma del Estado en 2000 fue pospuesto a petición del Pleno de la Corte, durante diálogos abiertos que sostuvimos, debido a la batalla por su independencia que entonces libraban. Convinimos en que el actual sistema de designación del Poder Judicial es inadecuado y propusimos que, una vez que avanzara el proceso de transición democrática, se retomara la discusión respecto de la instauración de un tribunal constitucional, que absorbiera las facultades que ésta tiene en materia de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, cuyos actores sean autoridades públicas.

Dejamos claro que si bien las reformas de diciembre de l994 habían consolidado la función de la Corte en todas las modalidades de control de la constitucionalidad, no es menos cierto que el arbitraje entre poderes le fue concedido históricamente porque se trataba de un poder político, antes que poder jurisdiccional. Recordamos que en la Carta de 1824, en la de 1857 y en la original de 1917, sus miembros eran electos, o por sufragio universal o bien por una combinación de decisiones de los Congresos de los Estados y del de la Unión. Era un Poder federativo por antonomasia. En cambio, desde la reforma de 1928, ningún ministro de la Corte puede ser nombrado sino a propuesta del Presidente de la República.

Pensamos que era conveniente mantener por algún tiempo ese mecanismo de designación, para no afectar la estabilidad del órgano, pero condicionado a fortalecer su carácter de máximo tribunal de legalidad y de control constitucional por la vía del amparo, y confiar más tarde a un poder de conformación democrática las controversias entre autoridades. Propusimos volver al sistema de 1917, de modo que el Congreso, a propuesta de las legislaturas estatales, conformara un órgano de carácter eminentemente político, responsable de velar en última instancia por el correcto funcionamiento del sistema constitucional.

Parece también inconsecuente que la cabeza del Consejo de la Judicatura sea el Presidente de la Corte, lo que genera una confusión de poderes. No sólo porque los miembros de ese órgano hacen mayoría en el Consejo, sino porque actúan como jueces y partes. Detentan facultades de evaluación, promoción, y sanción sobre el cuerpo que ellos dirigen, tienen competencia para dictar acuerdos sobre el desempeño de sus propias funciones y fiscalizan y auditan el empleo de los recursos que ellos mismos ejercen. Para colmo, también dirimen controversias sobre sus propias decisiones en los casos previstos por la ley. Con sobra de argumentos, el jurista Jaime Cárdenas Gracia ha propuesto la conversión del Consejo en un órgano constitucional autónomo de amplia composición.

El árbol de la justicia se conoce por sus frutos, aunque temo que muchos estén podridos desde su gestación. El empeño que inviertan en promover las reformas judiciales que propusieron a los otros poderes será señal inequívoca de regeneración o de contumacia; de imperialismo ramplón o voluntad genuina de servicio público. A las pruebas nos atendremos.