El mito

La Cuarta Republica
mito
Giambattista Vico o Giovanbattista Vico (1668-1744). Abogado napolitano fue un filósofo de la historia italiano. A pesar de su origen humilde (era hijo de un librero) estudió la carrera de derecho y fue profesor de retórica durante más de cuarenta años. En su obra Principi d'una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni (1744) (conocida en castellano como Principios de ciencia nueva o "Principios de ciencia nueva. En torno a la naturaleza común de las naciones”) en la cual funda los principios de la sociología como ciencia social. En esta obra, uno de los puntos fundamentales que se examinan para dar una explicación del actuar del individuo social es el MITO.
Vico examina la fábula y el mito, los cuales para el son construcciones mentales portadoras de un sentido definido dentro de la coexistencia diaria. Son pre-conceptos o prejuicios que orientan nuestra acción de cara a los otros sujetos y mediante esas tipificaciones compartidas la gente comprende el mundo en que vive y carece de importancia si acaso no les corresponde objetividad referencial alguna. En ese nivel lo que importa es que a través de de esas construcciones y obviedades transcurre la vida social.
Unas semanas atrás el Sr. Enrique Krause escribió un artículo el cual menciona que el fraude electoral es un MITO, en su lógica de escritura de dicho artículo nos quiere hacer sentir que tal cosa, el fraude no existió, por eso le llama mito. No acude siquiera, a la posibilidad, de tajo el fraude no existe y pensar en ello o mas, reclamar por el mismo es sacrílego pues en su lenguaje “mesiánico” podríamos decir que esto es atentar contra lo sacrosanta. Su escribir que es su pensar tiene su razón, sabe que utilizando el mito como herramienta para legitimar es posible pues del mito se obtienen diferentes lecturas, ya que el mito es asumido como la creación colectiva de pueblos enteros que expresan de ese modo sus eventos históricos, sentimientos, Concepciones éticas y políticas, anhelos y perplejidades, todo ello dicho con un lenguaje una lógica, dada la forma de razonar de la época.

Continuando en el análisis del mito podríamos decir que: El mito y la historia operan simultáneamente en el tiempo y el espacio, pues representan dimensiones cognitivas diferentes. Mientras la historia pretende competir en el espacio de la razón, en la búsqueda de explicaciones causales, de motivos objetivos, determinantes de comportamientos, e inscritos en una u otra lógica argumentativa, el mito fija en la conciencia colectiva representaciones basadas sobre categoría de exclusión y diferenciación altamente adjetivadas, más que argumentadas. Por lo tanto decir que el fraude es un mito es igual a usar un adjetivo calificativo, entonces ya no es posible argumentar.

Pero esto solo es una dimensión del mito pues como vimos al principio de esta discusión los mitos con sus estructuras proporcionan la forma adecuada para la construcción de imaginarios sobre la sociedad, con niveles de profundidad y trascendencia mayores a los de otros relatos o de los proporcionados por la historiografía como explicación. Su profundidad se vincula con el manejo de nociones arraigadas parcialmente en la razón, pero sobre todo en la emoción y en los niveles no concientes, mientras que su trascendencia depende de su relación y su asociación con lo sobrenatural. Además de una capacidad ordenadora del pensamiento, el mito contiene una dimensión manipulable, puede constituir un discurso ad-hoc, de acuerdo con los intereses del narrador al momento de contarlo. Pareciera entonces que cualquiera que crea en el mito es un “mitotero”, le gusta andar en el “mitote” pues sus actos no están fundados en la razón. Subrayando el marco manipulable del mito en los discursos de los diferentes actores, al estar inserto el mito en las dinámicas sociales, lo vincula a los intereses de de los actores sociales y al hacerlo sustrae al mito del marco lógico y sincrónico. Por eso escribir que el fraude es un mito es no solo la negación sino también se le agrega al fraude un adjetivo calificativo y queda fuera de toda discusión. La otra lectura del mito es que también le es útil para deslindarse de un sistema político pues de esta forma se le señala como parte del pasador y “hoy México ya cambió”. La verdad es que en la construcción de un imaginario colectivo asociado al ejercicio del poder la historia se narra de manera tal que justifique y legitime una o varias posiciones.


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El mito

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Giambattista Vico o Giovanbattista Vico (1668-1744). Abogado napolitano fue un filósofo de la historia italiano. A pesar de su origen humilde (era hijo de un librero) estudió la carrera de derecho y fue profesor de retórica durante más de cuarenta años. En su obra Principi d'una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni (1744) (conocida en castellano como Principios de ciencia nueva o "Principios de ciencia nueva. En torno a la naturaleza común de las naciones”) en la cual funda los principios de la sociología como ciencia social. En esta obra, uno de los puntos fundamentales que se examinan para dar una explicación del actuar del individuo social es el MITO.
Vico examina la fábula y el mito, los cuales para el son construcciones mentales portadoras de un sentido definido dentro de la coexistencia diaria. Son pre-conceptos o prejuicios que orientan nuestra acción de cara a los otros sujetos y mediante esas tipificaciones compartidas la gente comprende el mundo en que vive y carece de importancia si acaso no les corresponde objetividad referencial alguna. En ese nivel lo que importa es que a través de de esas construcciones y obviedades transcurre la vida social.
Unas semanas atrás el Sr. Enrique Krause escribió un artículo el cual menciona que el fraude electoral es un MITO, en su lógica de escritura de dicho artículo nos quiere hacer sentir que tal cosa, el fraude no existió, por eso le llama mito. No acude siquiera, a la posibilidad, de tajo el fraude no existe y pensar en ello o mas, reclamar por el mismo es sacrílego pues en su lenguaje “mesiánico” podríamos decir que esto es atentar contra lo sacrosanta. Su escribir que es su pensar tiene su razón, sabe que utilizando el mito como herramienta para legitimar es posible pues del mito se obtienen diferentes lecturas, ya que el mito es asumido como la creación colectiva de pueblos enteros que expresan de ese modo sus eventos históricos, sentimientos, Concepciones éticas y políticas, anhelos y perplejidades, todo ello dicho con un lenguaje una lógica, dada la forma de razonar de la época.

Continuando en el análisis del mito podríamos decir que: El mito y la historia operan simultáneamente en el tiempo y el espacio, pues representan dimensiones cognitivas diferentes. Mientras la historia pretende competir en el espacio de la razón, en la búsqueda de explicaciones causales, de motivos objetivos, determinantes de comportamientos, e inscritos en una u otra lógica argumentativa, el mito fija en la conciencia colectiva representaciones basadas sobre categoría de exclusión y diferenciación altamente adjetivadas, más que argumentadas. Por lo tanto decir que el fraude es un mito es igual a usar un adjetivo calificativo, entonces ya no es posible argumentar.

Pero esto solo es una dimensión del mito pues como vimos al principio de esta discusión los mitos con sus estructuras proporcionan la forma adecuada para la construcción de imaginarios sobre la sociedad, con niveles de profundidad y trascendencia mayores a los de otros relatos o de los proporcionados por la historiografía como explicación. Su profundidad se vincula con el manejo de nociones arraigadas parcialmente en la razón, pero sobre todo en la emoción y en los niveles no concientes, mientras que su trascendencia depende de su relación y su asociación con lo sobrenatural. Además de una capacidad ordenadora del pensamiento, el mito contiene una dimensión manipulable, puede constituir un discurso ad-hoc, de acuerdo con los intereses del narrador al momento de contarlo. Pareciera entonces que cualquiera que crea en el mito es un “mitotero”, le gusta andar en el “mitote” pues sus actos no están fundados en la razón. Subrayando el marco manipulable del mito en los discursos de los diferentes actores, al estar inserto el mito en las dinámicas sociales, lo vincula a los intereses de de los actores sociales y al hacerlo sustrae al mito del marco lógico y sincrónico. Por eso escribir que el fraude es un mito es no solo la negación sino también se le agrega al fraude un adjetivo calificativo y queda fuera de toda discusión. La otra lectura del mito es que también le es útil para deslindarse de un sistema político pues de esta forma se le señala como parte del pasador y “hoy México ya cambió”. La verdad es que en la construcción de un imaginario colectivo asociado al ejercicio del poder la historia se narra de manera tal que justifique y legitime una o varias posiciones.

La Cuarta Republica

La Cuarta Republica
PAPEL Y TINTA
Impunidad es una palabra que ignoramos, por eso no entendemos el por que de las cosas. Puede ser que nuestros delitos que como “ciudadanos” de continuo realizamos, tenga sus consecuencias en esta historia ya difundida pero ignorada, no por la autoridad, que sobra conoce, POR NOSOTROS.
Quejarnos y no reclamar lo que conforme a derecho nos corresponde, es también impunidad. A continuación la Historia del “Nepote”
“Tras 30 años de trabajo en el servicio público, el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, dejó una fama de implacable, parientes con permisos para operar como agentes aduanales y polémicas por su cercanía con grupos empresariales nacionales y extranjeros.
De acuerdo con información de El Universal, el fiscal de hierro -como se le conoció en el sexenio de Carlos Salinas cuando fue subsecretario de Ingresos- incurrió en conflictos de interés: benefició a seis familiares en línea directa e indirecta en el negocio aduanero, de acuerdo con documentos públicos.
En Guadalajara, su tío Rodolfo Gil y Gil y su prima hermana María Cristina Gil del Rincón se estrenaron en los 90 en el negocio aduanal.
En Nuevo Laredo, Leoncio Fernández Hinojosa, casado con su hermana Alicia Gil, se enriqueció con la obtención de nuevas patentes y una cartera de clientes privilegiada.
Alfonso Gil Díaz, hermano del ex secretario, es director de la Administración Portuaria Integral (API) de Mazatlán desde que se privatizó el sector durante los primeros años del salinismo.
Francisco Javier Fernández Hinojosa, concuño del entonces subsecretario Gil, y el sobrino de Javier, Alejandro José Hinojosa Aguerrevere, obtuvieron las patentes 3290 y 3202 en 1992 y 1990, respectivamente, en contravención del artículo 159 de la Ley Aduanera.
Liderado por Francisco Javier y Leoncio, su cuñado, los Fernández Hinojosa e Hinojosa Aguerrevere gozan de cinco patentes aduanales para el desarrollo de sus actividades en Tamaulipas, el Distrito Federal, Veracruz y Manzanillo.
Desde el inicio de su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz fue cuestionado por la oposición por sus nexos con poderosos grupos empresariales dentro y fuera del país.
Su cercana relación con empresas y su participación en el rescate bancario le valieron críticas constantes en el Congreso.
Su paso por la dirigencia de la empresa telefónica Avantel -meses antes de asumir con Fox- estuvo envuelto en señalamientos de utilizar información del gobierno para posicionar a esta empresa.” Lo anterior no lo digo yo, pues pensaran que es mi mala leche, lo dicen los medios electrónicos e impresos.
Aclarar las cuentas por parte de esta fina y distinguida persona ante la sociedad mexicana me parece que esta, de sobra aclarada, no hay la menor duda. Todo esto no es nuevo, es añejo y del dominio publico, ¿Por qué entonces nos rasgamos las vestiduras hoy? Me respondo: porque somos una sociedad timorata, hipócrita, dos caras. El conformismo de la sociedad es tal que, con tranquilidad podrá continuar practicando el nepotismo sin temor a equivocarse, por que con todo esto, estamos conformes. Hasta la aproxima estimados cuatro lecotores.
Glosario:
Nepotismo: (De nepote). Nepote=primo. m. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Real Academia Española

J. Ackerman

El IFE: obsesión nazi
John M. Ackerman


Es gracioso imaginar a Don Quijote de la Mancha luchando contra los molinos de viento que confundía con gigantes; sin embargo, es profundamente estremecedor atestiguar la absurda pelea del Instituto Federal Electoral (IFE) contra el nazismo que, de acuerdo a las alucinaciones de nuestros funcionarios electorales, se encuentra escondido en la libertad de expresión y el derecho a la información.

Si los argumentos de la primera respuesta que el IFE ofreciera a la revista Proceso respecto a su solicitud de acceso a las boletas electorales eran risibles y jurídicamente débiles (véase, Irma Eréndira Sandoval, Involución democrática, Proceso número 1558, p.18), los razonamientos ofrecidos el pasado 14 de diciembre son francamente insultantes, peligrosos y constituyen a todas luces un retroceso de más de una década en el desarrollo de la transparencia en México. En esta segunda resolución, los consejeros del IFE citan normas alemanas que estuvieron diseñadas ex profeso para combatir el resurgimiento del nazismo en ese país. En Alemania la ley permite al Estado suspender derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, reunión y libre asociación para aquellos ciudadanos que tengan la intención de “combatir el régimen fundamental de libertad y democracia”. Cobijándose de forma absurda en este ejemplo, los consejeros quisieran que en México se suspenda el derecho constitucional a la información para aquellos ciudadanos y periodistas “nazis” que busquen investigar lo ocurrido el 2 de julio de 2006.

El mensaje es claro: el periodismo de investigación es peligroso para el régimen. En aras de mantener la estabilidad política y la integridad del Estado, habría que poner límites a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información. Ese es precisamente el sentido de lo afirmado por la consejera Lourdes López en la sesión del Consejo General del 15 de diciembre, cuando lamentó: “se quiere hacer de la transparencia un mecanismo de persecución”. Bajo esta lógica, hay que defender al tradicionalmente débil y vulnerable Estado mexicano, que con la petición de Proceso y otros medios queda desamparado ante la persecución de periodistas independientes y poderosos, que buscan perturbar el “orden público” y afectar “los intereses legítimos del Estado”. Nos encontramos, sin duda, en un mundo al revés.

En su resolución, el IFE pide que la ciudadanía no se preocupe, ya que los “paquetes [electorales] no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el Instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (p.55). Ojalá que ello sea cierto y que el presidente constitucional actual haya también sido el ganador de las elecciones del 2 de julio. Pero el problema de fondo es que existe una duda fundada y legítima en más de la tercera parte de la población acerca de que Felipe Calderón hubiera resultado el candidato más votado el día de la elección. Cada día que el IFE se niega a abrir sus bodegas al escrutinio público, esta sospecha se multiplica y se propaga. Esto es lo que en realidad pone en riesgo la estabilidad del régimen que los consejeros se encuentran empeñados en defender a toda costa.

Una lectura cuidadosa de la resolución revela que los mismos consejeros del IFE dudan que se hayan contado bien los votos el día de la elección. Ellos afirman que el acceso a las boletas electorales podría afectar la legitimidad de la elección presidencial y del mismo IFE. Al permitir la consulta “no sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma…” (p. 55).

Tales afirmaciones constituyen una confesión implícita de que sí hubo irregularidades graves en el conteo de los votos. Solamente en caso de que hubiera problemas fundamentales con el conteo avalado por el IFE, el acceso a las boletas electorales podría generar la inestabilidad y el desorden públicos que tanto temen los funcionarios electorales.

Todo demócrata sabe que la transparencia es la fuerza legitimadora por excelencia. Si las cosas están bien hechas, la mejor forma de demostrarlo es por medio de la apertura. La lógica del autoritarismo es la que típicamente exige una confianza ciega en las autoridades y esconde la mano después de tirar la piedra. Qué pena que nuestra institución democrática por excelencia, esa que tanto habíamos presumido internacionalmente, haya caído en el pozo más negro de la gestión autoritaria del poder.

El que nada debe, nada teme. El pasado 11 de diciembre, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aceptó la solicitud de acceso a las boletas electorales utilizadas el pasado 2 de julio para la elección de jefe de Gobierno (oficio DEOYGE/1501/06). La respuesta fue directa y sencilla. En un claro ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, el instituto local no encontró ninguna razón legal para negar el acceso a estos documentos públicos.

El pasado 15 de enero, durante la presentación de la nueva colección de cuadernos del IFE, Elecciones Federales 2006, Luis Carlos Ugalde afirmó que ya “es hora de mirar hacia el futuro”. Según el consejero presidente, las elecciones del año pasado son ya un expediente cerrado y ahora nos toca “aprovechar la experiencia y la controversia del 2006 para …preservar lo que sí funciona, modificar lo obsoleto y construir en aspectos en los que nuestra ley requiere subsanar omisiones”. Tal afirmación se parece a la del policía que, al encontrar al niño ahogado en una tina, únicamente responde con la propuesta de remodelar el baño para prevenir más problemas en lo futuro.

No habría que perder de vista que lo que nos falló en primer lugar en las pasadas elecciones presidenciales no fue la ley, sino las instituciones encargadas de hacerla valer. Sin duda hace falta reformar y remodelar la ley electoral. El diseño institucional siempre puede mejorarse. Pero la sociedad civil también tiene el derecho a saber y a investigar de manera independiente los hechos ocurridos el 2 de julio. Unos nuevos y bonitos “cuadernos”, que por cierto se cuidan de no mencionar en ninguna parte la histórica solicitud de acceso a las boletas electorales interpuesta por la revista Proceso, no podrán acallar el clamor ciudadano que le exige transparencia y cuentas claras al IFE.

Valdría la pena recordarles a los señores del IFE que no se puede negar el acceso con base en el uso que se daría a la información. La Ley de Transparencia regula un derecho fundamental consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política. La provisión de información no es un favor que el gobierno le concede graciosamente a los ciudadanos siempre y cuando éstos prometan portarse bien, sino una obligación constitucional del Estado. Sin embargo, como ya hemos visto, el contenido de la resolución de los consejeros del IFE sustenta la negativa al acceso en función de los objetivos desestabilizadores y los despropósitos de perturbar “los intereses legítimos del Estado” de los periodistas-nazis.

Aun aceptando, sin conceder, tan cuestionables argumentos, habría que señalar que “afectar gravemente una de las funciones del Estado” no es una de las reservas incluidas en nuestra Ley de Transparencia. Los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) señalan una serie de razones para reservar o declarar confidencial algún documento, incluyendo si contiene datos personales o si la información puede “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, o bien “poner en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de cualquier persona”. Solamente se puede reservar información cuya divulgación está explícitamente prohibida por la ley. Todo lo demás es público y las boletas electorales constituyen información pública.

Sin embargo, según los consejeros de la Comisión de Transparencia, el IFE tiene manga ancha en la interpretación de la LFTAIPG. No hace falta que sigan la letra de la ley, ni siquiera que cumplan con su espíritu o con sus principios básicos, como el de “máxima publicidad”. De un plumazo, los consejeros buscan darle la vuelta a este principio tan esencial que da vida a nuestra joven ley de transparencia, al argumentar que “no hay necesidad de frases sacramentales o disposiciones absolutas y omniarbarcantes, que literalmente establezcan todas y cada una de las condiciones de ejercicio de una facultad subjetiva pública” (p.47).

Por ello, la decisión del IFE de negar el acceso a las boletas electorales no es un ejemplo de “letrismo” o de una interpretación “estrecha” de ley, como han afirmado algunos consejeros y analistas. Todo el contrario, su actitud es un ejemplo de un franco manoseo de la Ley Federal de Transparencia y una flagrante violación del Estado de Derecho.

Afortunadamente, no es el IFE, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tendrá la última palabra. Esperamos que los nuevos magistrados estén a la altura del momento histórico y no titubeen en su compromiso con la transparencia y la democracia. ?



ackerman@servidor.unam.mx