J. Ackerman

El IFE: obsesión nazi
John M. Ackerman


Es gracioso imaginar a Don Quijote de la Mancha luchando contra los molinos de viento que confundía con gigantes; sin embargo, es profundamente estremecedor atestiguar la absurda pelea del Instituto Federal Electoral (IFE) contra el nazismo que, de acuerdo a las alucinaciones de nuestros funcionarios electorales, se encuentra escondido en la libertad de expresión y el derecho a la información.

Si los argumentos de la primera respuesta que el IFE ofreciera a la revista Proceso respecto a su solicitud de acceso a las boletas electorales eran risibles y jurídicamente débiles (véase, Irma Eréndira Sandoval, Involución democrática, Proceso número 1558, p.18), los razonamientos ofrecidos el pasado 14 de diciembre son francamente insultantes, peligrosos y constituyen a todas luces un retroceso de más de una década en el desarrollo de la transparencia en México. En esta segunda resolución, los consejeros del IFE citan normas alemanas que estuvieron diseñadas ex profeso para combatir el resurgimiento del nazismo en ese país. En Alemania la ley permite al Estado suspender derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, reunión y libre asociación para aquellos ciudadanos que tengan la intención de “combatir el régimen fundamental de libertad y democracia”. Cobijándose de forma absurda en este ejemplo, los consejeros quisieran que en México se suspenda el derecho constitucional a la información para aquellos ciudadanos y periodistas “nazis” que busquen investigar lo ocurrido el 2 de julio de 2006.

El mensaje es claro: el periodismo de investigación es peligroso para el régimen. En aras de mantener la estabilidad política y la integridad del Estado, habría que poner límites a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información. Ese es precisamente el sentido de lo afirmado por la consejera Lourdes López en la sesión del Consejo General del 15 de diciembre, cuando lamentó: “se quiere hacer de la transparencia un mecanismo de persecución”. Bajo esta lógica, hay que defender al tradicionalmente débil y vulnerable Estado mexicano, que con la petición de Proceso y otros medios queda desamparado ante la persecución de periodistas independientes y poderosos, que buscan perturbar el “orden público” y afectar “los intereses legítimos del Estado”. Nos encontramos, sin duda, en un mundo al revés.

En su resolución, el IFE pide que la ciudadanía no se preocupe, ya que los “paquetes [electorales] no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el Instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (p.55). Ojalá que ello sea cierto y que el presidente constitucional actual haya también sido el ganador de las elecciones del 2 de julio. Pero el problema de fondo es que existe una duda fundada y legítima en más de la tercera parte de la población acerca de que Felipe Calderón hubiera resultado el candidato más votado el día de la elección. Cada día que el IFE se niega a abrir sus bodegas al escrutinio público, esta sospecha se multiplica y se propaga. Esto es lo que en realidad pone en riesgo la estabilidad del régimen que los consejeros se encuentran empeñados en defender a toda costa.

Una lectura cuidadosa de la resolución revela que los mismos consejeros del IFE dudan que se hayan contado bien los votos el día de la elección. Ellos afirman que el acceso a las boletas electorales podría afectar la legitimidad de la elección presidencial y del mismo IFE. Al permitir la consulta “no sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma…” (p. 55).

Tales afirmaciones constituyen una confesión implícita de que sí hubo irregularidades graves en el conteo de los votos. Solamente en caso de que hubiera problemas fundamentales con el conteo avalado por el IFE, el acceso a las boletas electorales podría generar la inestabilidad y el desorden públicos que tanto temen los funcionarios electorales.

Todo demócrata sabe que la transparencia es la fuerza legitimadora por excelencia. Si las cosas están bien hechas, la mejor forma de demostrarlo es por medio de la apertura. La lógica del autoritarismo es la que típicamente exige una confianza ciega en las autoridades y esconde la mano después de tirar la piedra. Qué pena que nuestra institución democrática por excelencia, esa que tanto habíamos presumido internacionalmente, haya caído en el pozo más negro de la gestión autoritaria del poder.

El que nada debe, nada teme. El pasado 11 de diciembre, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aceptó la solicitud de acceso a las boletas electorales utilizadas el pasado 2 de julio para la elección de jefe de Gobierno (oficio DEOYGE/1501/06). La respuesta fue directa y sencilla. En un claro ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, el instituto local no encontró ninguna razón legal para negar el acceso a estos documentos públicos.

El pasado 15 de enero, durante la presentación de la nueva colección de cuadernos del IFE, Elecciones Federales 2006, Luis Carlos Ugalde afirmó que ya “es hora de mirar hacia el futuro”. Según el consejero presidente, las elecciones del año pasado son ya un expediente cerrado y ahora nos toca “aprovechar la experiencia y la controversia del 2006 para …preservar lo que sí funciona, modificar lo obsoleto y construir en aspectos en los que nuestra ley requiere subsanar omisiones”. Tal afirmación se parece a la del policía que, al encontrar al niño ahogado en una tina, únicamente responde con la propuesta de remodelar el baño para prevenir más problemas en lo futuro.

No habría que perder de vista que lo que nos falló en primer lugar en las pasadas elecciones presidenciales no fue la ley, sino las instituciones encargadas de hacerla valer. Sin duda hace falta reformar y remodelar la ley electoral. El diseño institucional siempre puede mejorarse. Pero la sociedad civil también tiene el derecho a saber y a investigar de manera independiente los hechos ocurridos el 2 de julio. Unos nuevos y bonitos “cuadernos”, que por cierto se cuidan de no mencionar en ninguna parte la histórica solicitud de acceso a las boletas electorales interpuesta por la revista Proceso, no podrán acallar el clamor ciudadano que le exige transparencia y cuentas claras al IFE.

Valdría la pena recordarles a los señores del IFE que no se puede negar el acceso con base en el uso que se daría a la información. La Ley de Transparencia regula un derecho fundamental consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política. La provisión de información no es un favor que el gobierno le concede graciosamente a los ciudadanos siempre y cuando éstos prometan portarse bien, sino una obligación constitucional del Estado. Sin embargo, como ya hemos visto, el contenido de la resolución de los consejeros del IFE sustenta la negativa al acceso en función de los objetivos desestabilizadores y los despropósitos de perturbar “los intereses legítimos del Estado” de los periodistas-nazis.

Aun aceptando, sin conceder, tan cuestionables argumentos, habría que señalar que “afectar gravemente una de las funciones del Estado” no es una de las reservas incluidas en nuestra Ley de Transparencia. Los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) señalan una serie de razones para reservar o declarar confidencial algún documento, incluyendo si contiene datos personales o si la información puede “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, o bien “poner en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de cualquier persona”. Solamente se puede reservar información cuya divulgación está explícitamente prohibida por la ley. Todo lo demás es público y las boletas electorales constituyen información pública.

Sin embargo, según los consejeros de la Comisión de Transparencia, el IFE tiene manga ancha en la interpretación de la LFTAIPG. No hace falta que sigan la letra de la ley, ni siquiera que cumplan con su espíritu o con sus principios básicos, como el de “máxima publicidad”. De un plumazo, los consejeros buscan darle la vuelta a este principio tan esencial que da vida a nuestra joven ley de transparencia, al argumentar que “no hay necesidad de frases sacramentales o disposiciones absolutas y omniarbarcantes, que literalmente establezcan todas y cada una de las condiciones de ejercicio de una facultad subjetiva pública” (p.47).

Por ello, la decisión del IFE de negar el acceso a las boletas electorales no es un ejemplo de “letrismo” o de una interpretación “estrecha” de ley, como han afirmado algunos consejeros y analistas. Todo el contrario, su actitud es un ejemplo de un franco manoseo de la Ley Federal de Transparencia y una flagrante violación del Estado de Derecho.

Afortunadamente, no es el IFE, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tendrá la última palabra. Esperamos que los nuevos magistrados estén a la altura del momento histórico y no titubeen en su compromiso con la transparencia y la democracia. ?



ackerman@servidor.unam.mx