La Cuarta Republica

Correo politico, economico y literario de Monterrey

lunes, diciembre 18, 2006

Editorial la Jornada

EDITORIAL DE LA JORNADA.

18-12-2006
México: Televisión abierta, coto privado


Editorial de La Jornada


Respecto a la industria de las telecomunicaciones ­dominada por el duopolio conformado por Televisa y Tv Azteca­, el gobierno del presidente Felipe Calderón ha iniciado su gestión dando su respaldo de facto a la hegemonía ejercida por ambas televisoras: ayer el flamante nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, descartó la posibilidad de establecer una tercera cadena televisiva que llegue a todo el país. Esta decisión desmiente las afirmaciones del Partido Acción Nacional según las cuales el mandatario tiene la firme determinación de combatir los monopolios y deja sin efecto el señalamiento de la Comisión Federal de Competencia, que ha alertado sobre los "altos niveles de concentración en televisión abierta y restringida" y ha advertido sobre la necesidad de "crear oportunidades para el desarrollo de canales de televisión abierta alternativos, que introduzcan mayor competencia" en el mercado.

Luis Téllez ­ex integrante de los consejos de administración de Televisa y Cablevisión­ declaró que no se licitará la creación de una tercera red de televisión abierta y que tan sólo "se identificarán las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión"; es decir, la SCT analiza únicamente conceder el uso de frecuencias a nivel regional y local y resulta obvio que las empresas que obtengan estas licencias no podrán competir con los gigantes del sector. "En los 100 compromisos del presidente (Felipe) Calderón (...) no se habla de una tercera cadena", explicó el funcionario. El anuncio constituye un golpe a los proyectos de la empresa Palmas 26 ­integrada por Grupo Xtra, del empresario Isaac Saba, y Telemundo, filial de General Electric­ que en septiembre pasado solicitaron a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la SCT convocar la licitación de una cadena nacional de televisión abierta. De hecho, Téllez negó incluso la existencia de tal petición: Telemundo no ha formulado "ninguna solicitud específica", sostuvo el secretario.

La decisión del gobierno es lamentable desde varios puntos de vista: por un lado, la creación de una nueva red nacional de televisión permitiría ampliar la oferta de contenidos, lo que fomentaría una mayor competencia en el sector, situación que redundaría también en el mejoramiento de la calidad de la programación, quizás uno de los aspectos más criticados del duopolio televisivo. Por el otro lado, la participación de otro jugador en esta industria tendría como efecto abrir las puertas del mercado mexicano a más empresas de telecomunicaciones, lo que derivaría en una pruralidad de los medios electrónicos.

Pero esta resolución conlleva otra grave consecuencia que se dejará sentir en todos los ámbitos económicos del país. Se trata del peligroso mensaje de que el gobierno federal no tiene ninguna intención de acabar con los monopolios que frenan el desarrollo económico de México: si la administración de Calderón no puede ponerle un freno a las desmedidas ambiciones de Televisa y Tv Azteca, tampoco tendrá la capacidad ­ni la voluntad­ de limitar los monopolios en otros sectores de la economía. Y es que para poder luchar con efectividad contra estos enormes intereses económicos es imprescindible que las decisiones de las autoridades se adopten con total independencia de los grupos empresariales involucrados, una condición que parece no cumplirse en el caso del actual gobierno. Paralelamente al desconocimiento de la SCT sobre la solicitud de licitación de Palmas 26, el consorcio Televisa entabló una campaña de desprestigio en contra de Isaac Saba basada en la denuncia sobre su monopolio en el mercado de medicamentos, dos medidas que estarían encaminadas a cerrarle el paso a un posible tercer competidor.

Así, mientras el gobierno no se desmarque de los intereses económicos, no tendrá la capacidad de gobernar acorde a las necesidades sociales de la población; tal y como denunció el ex senador panista Javier Corral Jurado, "decir que debemos conformarnos con licitaciones regionales es un desprecio por las demandas sociales de comunicación".

Guerrilla

LA GUERRILLA.

Opinión
Mexico
Convergencia guerrillera
Por: Eduardo Ibarra Aguirre (Fecha publicación:18/12/2006)

Por lo menos desde el 23 de septiembre de 1965, con el asalto al cuartel militar de Madera, Chihuahua, es posible disponer de pruebas documentales sobre la existencia de guerrillas rurales, y más tarde urbanas, en México.

Los estudiosos del tema no se ponen de acuerdo si son 15 o menos los grupos armados que actúan en diversos puntos de la geografía nacional.

51 años de presencia ininterrumpida muestra un fenómeno sociopolítico que no es recomendable subestimar y mucho menos ignorar, sobre todo por los gobernantes que estrenaron puestos de primerísima línea desde un minuto antes de la medianoche del 30 de noviembre, en una extraña ceremonia de transmisión del mando presidencial de manos de Vicente Fox Quesada -con la torpe entrega de la banda a un cadete del Colegio Militar-, a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quien fue declarado presidente de la República por un solemne e ignaro maestro de ceremonias. ¡Cómo olvidarlo!

Jesús Aranda, el reportero especializado en fuerzas armadas, presentó a los lectores de La Jornada (15-XII-06, pp. 12-13) una entrevista que no tiene desperdicio, con Manuel, José Arturo, Gertrudis y Javier, dirigentes de las organizaciones armadas Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre, Organización Insurgente 1 de Mayo, Brigadas Populares de Liberación y Unidad Popular Revolucionaria Magonista.

Como es sabido, cuando los cauces institucionales para la participación ciudadana se estrechan y se producen regresiones en la vida política del país, como para muchos ciudadanos sucedió el 2 de julio, ya no digamos cuando se ponen en juego operativos policiacos y militares por encima de la Constitución que teóricamente rige a gobernantes y gobernados, como sucede desde el 25 de noviembre en la capital y la zona metropolitana de Oaxaca, es cuando se estimula abiertamente el incremento de los militantes de las organizaciones armadas.

Los grupos guerrilleros que en este caso muestran capacidad de coordinación política y operativa, pese a diferencias evidentes en la táctica y la estrategia que plantean sus voceros, no son principalmente productos de ideologismos trasnochados o voluntarismos a ultranza.

Desde mi percepción, cualquier mexicano que pone en riesgo su vida por bregar a favor de ideas, por equivocadas que me parezcan, merece el respeto de todos. Simplemente porque la vida es el bien mayor e irrepetible del ser humano.

Además, no supongamos que los anchos espacios democráticos conquistados por varias generaciones son la constante en Los Altos de Chiapas, La Montaña de Guerrero, la Sierra Norte de Puebla y las zonas más recónditas del México rural. Allí predomina la ley del más fuerte.

Los seis grupos guerrilleros sostienen la necesidad de “abrir nuevas rutas de cambio social, no necesariamente armadas”, también su simpatía a la resistencia civil, encarnada en la Convención Nacional Democrática, y la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no reconocer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque “ha contribuido a develar el carácter de clase y represivo, así como el uso faccioso de las instituciones gubernamentales”.

El apoyo que brindan al de Macuspana, Tabasco, lo expresan los voceros guerrilleros con una advertencia de recomendable lectura para los que atizan interesada y remuneradamente la histeria por el presunto radicalismo obradorista. Dicen, lo apoyamos “aunque no proponga ninguna alternativa social profunda a la opresión y explotación capitalista”.

Más claro ni el agua.

Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha
18 de diciembre de 2006


El ´síndrome Marlboro´

Nunca falla. Puede usted ponerlo a prueba una y otra vez. Pregunte en alguna de estas reuniones familiares o de oficina a todos los comensales congregados a la mesa. La votación siempre será mayoritaria: ¿Cuáles creen que son los cigarros de mayor venta en México? ¡Ah, pues los Marlboro!

Y es que me atrevo a afirmar que ustedes que me leen o me escuchan son -en su gran mayoría- de clase media o alrededores. De tal suerte, nuestra percepción favorece a esta marca, aunque no ignoramos la existencia de otras más baratas en el mercado. Pero el síndrome Marlboro se acentúa notablemente en las clases media-alta y alta: los que cambian de coche mínimo cada dos modelos; que gozan de membresía en algún gym de catego; que se echan un viajecito -Las Vegas, mínimo- más o menos cada año; que cuentan por lo menos con un par de restaurantes donde los reconocen en la entrada; que -por supuesto- tienen una buena chamba en el gobierno, la IP o ya de perdis la banca o alguna casa de bolsa; los que se sienten privilegiados si El Divino o Cabal Peniche los saludan aunque sea de lejecitos; los que ya la hicieron si alguien del gobierno entrante les echa un lazo aunque sea a través de interpósita persona.


Bueno, en estos predestinados el síndrome Marlboro -ya de por sí enfermizo- se manifiesta crónicamente. Es muy simple: no más no pueden concebir que alguien pueda fumar otra cosa; en todo caso unos Camel o ya te vas para arriba con unos Virginia Slims para las chavas o unos Dunhill para los hombres.


Lo malo para unos y otros es que el mundo Marlboro no es como lo perciben. Si bien es el cigarro de mayor venta -tiene 27% del mercado en sus diversas modalidades-, no es de ninguna manera el único. Resulta que hay muchas otras marcas que dominan en otros segmentos de la población y que suman mayoría en siete de cada 10 mexicanos, es decir, 70% de la población que no vive en el Marlboro Country. Ahí les van algunas de las más populares: Baronet, Broadway, Dalton, Montana, Fiesta, Del Prado, Boots, Elegantes, Argentinos y los inigualables y mexicanísimos Delicados. La mayoría absolutamente desconocidas para los privilegiados.


Pero lo más grave es que ese 30% de suertudos no sólo no miran jamás sino difícilmente voltean a ver a esa contundente mayoría. Apenas conocen al resto del país: México visto desde las ventanillas de jets privados y aviones comerciales; la nación dirimida en salas de juntas, una pantalla de internet o en el mejor de los casos un antro de moda. Cuántos de los que padecen el síndrome Marlboro se han subido alguna vez al Metro. Cuántos saben en qué consiste una ONG. ¿Alguno habrá participado en una manifestación popular? ¿Hay quienes desde esas alturas socioeconómicas se hayan atrevido a conocer y caminar esos molestos cinturones de miseria que sólo se ven al despegar o aterrizar? O que se hayan detenido -aunque sea por curiosidad- una sola vez a conocer un pueblo o ranchería entre dos ciudades de las que sí valen la pena. Quién le ha visto el rostro a la miseria. No.

En definitiva el síndrome Marlboro ejemplifica la coexistencia de estos dos Méxicos paralelos pero distantes y distintos el uno del otro. Dos realidades brutalmente opuestas que se vieron las caras -y a veces también las fauces- en la elección presidencial de este 2006. Dos países diferentes. Casi dos planetas diversos. Que siguen sin escucharse a pesar de un lenguaje común.

Y es que va más allá de eso. Se trata de un desentendimiento profundo entre ambas concepciones del mundo y el país. De dos maneras de vivir la vida entre quienes tienen mucho y sus comparsas que ahí la llevan frente a quienes tienen muy poco, y aun teniendo cargan con la pesada cruz de un México profundamente injusto y frecuentemente violento. La nación, de tan confrontada en estos largos meses de odio y amenazas, se encuentra también dividida y rabiosa. Ojerosa y cansada. Exhausta y a punto del colapso. Menos mal que ya termina este año fatídico para la convivencia. Un lapso que habrá de quedar marcado por la injuria, la diatriba y la intolerancia.


Un año en que aquellos de los Faros, los Carmencitas, los Alas y los Tigres -que a veces rugen- estuvieron a punto de lograrlo.


P. D. Gracias Juan Ramón de la Fuente por defendernos a todos. Los dejo descansar. Espero reencontrarnos el lunes 8. ¡Felicidades!
Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha
18 de diciembre de 2006


El ´síndrome Marlboro´

Nunca falla. Puede usted ponerlo a prueba una y otra vez. Pregunte en alguna de estas reuniones familiares o de oficina a todos los comensales congregados a la mesa. La votación siempre será mayoritaria: ¿Cuáles creen que son los cigarros de mayor venta en México? ¡Ah, pues los Marlboro!

Y es que me atrevo a afirmar que ustedes que me leen o me escuchan son -en su gran mayoría- de clase media o alrededores. De tal suerte, nuestra percepción favorece a esta marca, aunque no ignoramos la existencia de otras más baratas en el mercado. Pero el síndrome Marlboro se acentúa notablemente en las clases media-alta y alta: los que cambian de coche mínimo cada dos modelos; que gozan de membresía en algún gym de catego; que se echan un viajecito -Las Vegas, mínimo- más o menos cada año; que cuentan por lo menos con un par de restaurantes donde los reconocen en la entrada; que -por supuesto- tienen una buena chamba en el gobierno, la IP o ya de perdis la banca o alguna casa de bolsa; los que se sienten privilegiados si El Divino o Cabal Peniche los saludan aunque sea de lejecitos; los que ya la hicieron si alguien del gobierno entrante les echa un lazo aunque sea a través de interpósita persona.


Bueno, en estos predestinados el síndrome Marlboro -ya de por sí enfermizo- se manifiesta crónicamente. Es muy simple: no más no pueden concebir que alguien pueda fumar otra cosa; en todo caso unos Camel o ya te vas para arriba con unos Virginia Slims para las chavas o unos Dunhill para los hombres.


Lo malo para unos y otros es que el mundo Marlboro no es como lo perciben. Si bien es el cigarro de mayor venta -tiene 27% del mercado en sus diversas modalidades-, no es de ninguna manera el único. Resulta que hay muchas otras marcas que dominan en otros segmentos de la población y que suman mayoría en siete de cada 10 mexicanos, es decir, 70% de la población que no vive en el Marlboro Country. Ahí les van algunas de las más populares: Baronet, Broadway, Dalton, Montana, Fiesta, Del Prado, Boots, Elegantes, Argentinos y los inigualables y mexicanísimos Delicados. La mayoría absolutamente desconocidas para los privilegiados.


Pero lo más grave es que ese 30% de suertudos no sólo no miran jamás sino difícilmente voltean a ver a esa contundente mayoría. Apenas conocen al resto del país: México visto desde las ventanillas de jets privados y aviones comerciales; la nación dirimida en salas de juntas, una pantalla de internet o en el mejor de los casos un antro de moda. Cuántos de los que padecen el síndrome Marlboro se han subido alguna vez al Metro. Cuántos saben en qué consiste una ONG. ¿Alguno habrá participado en una manifestación popular? ¿Hay quienes desde esas alturas socioeconómicas se hayan atrevido a conocer y caminar esos molestos cinturones de miseria que sólo se ven al despegar o aterrizar? O que se hayan detenido -aunque sea por curiosidad- una sola vez a conocer un pueblo o ranchería entre dos ciudades de las que sí valen la pena. Quién le ha visto el rostro a la miseria. No.

En definitiva el síndrome Marlboro ejemplifica la coexistencia de estos dos Méxicos paralelos pero distantes y distintos el uno del otro. Dos realidades brutalmente opuestas que se vieron las caras -y a veces también las fauces- en la elección presidencial de este 2006. Dos países diferentes. Casi dos planetas diversos. Que siguen sin escucharse a pesar de un lenguaje común.

Y es que va más allá de eso. Se trata de un desentendimiento profundo entre ambas concepciones del mundo y el país. De dos maneras de vivir la vida entre quienes tienen mucho y sus comparsas que ahí la llevan frente a quienes tienen muy poco, y aun teniendo cargan con la pesada cruz de un México profundamente injusto y frecuentemente violento. La nación, de tan confrontada en estos largos meses de odio y amenazas, se encuentra también dividida y rabiosa. Ojerosa y cansada. Exhausta y a punto del colapso. Menos mal que ya termina este año fatídico para la convivencia. Un lapso que habrá de quedar marcado por la injuria, la diatriba y la intolerancia.


Un año en que aquellos de los Faros, los Carmencitas, los Alas y los Tigres -que a veces rugen- estuvieron a punto de lograrlo.


P. D. Gracias Juan Ramón de la Fuente por defendernos a todos. Los dejo descansar. Espero reencontrarnos el lunes 8. ¡Felicidades!


ddn_rocha@hotmail.com



ddn_rocha@hotmail.com

Manuel Camacho Solis

Ejército y derechos humanos
Manuel Camacho Solís
18 de diciembre de 2006

El presidente Felipe Calderón ha querido fortalecer a su gobierno mostrando la fuerza del Ejército que lo respalda. En el discurso y en los hechos hay una política a favor del orden. Estas posiciones le han generado respaldo entre quienes están alarmados por el crecimiento del crimen organizado, pero también han despertado preocupación en la oposición y entre los defensores de los derechos humanos. Nuestro país no merece regresar a las peores prácticas del autoritarismo: puede tener una política de Estado frente a la delincuencia que sea compatible con un ejercicio de gobierno que respete los derechos humanos y las libertades.

Desde el primer día el Presidente ha querido significar su asociación con las Fuerzas Armadas. El desfile y su discurso en el Campo Marte fueron lo más significativo del 1 de diciembre. Desde entonces, se han repetido las acciones que van conformando su política. La operación conjunta contra el narcotráfico en Michoacán. Su decisión de transferir 7 mil 500 efectivos de la Tercera Brigada de policía militar y 2 mil 500 de la Armada de México a la Policía Federal Preventiva. Los anuncios de la Presidencia en la televisión para mostrar su cercanía con las Fuerzas Armadas. Ningún otro asunto ha recibido tanta atención.


De manera simultánea, ha crecido la preocupación sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. El padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ha comparado los excesos y violaciones en materia de derechos humanos que se viven en Oaxaca (en particular cuando se traslada a los detenidos sin ninguna orden a otro penal) con la que se vivió en el porfiriato, y ha advertido del riesgo de un retroceso de más de tres décadas en respeto a las garantías individuales. Por su parte, Rafael Reygadas, de Alianza Cívica, en referencia al operativo policiaco de los pasados 25 y 26 de noviembre en la capital oaxaqueña ha dicho que "vivimos imágenes en las cuáles no sabíamos si era el México actual o el Chile de Pinochet"; "no podemos aceptar que las mujeres detenidas se les haya paseado desnudas en helicópteros, con amenazas de ser arrojadas, porque era lo mismo que hacían los esbirros de Pinochet" (La Jornada, 14 de diciembre).


Las advertencias que hacen los defensores de los derechos humanos deberían ser escuchadas. Nada dañaría más al gobierno y al Ejército que este tipo de señalamientos continuaran y que terminaran por convertirse en su imagen nacional e internacional o en una justificación para acciones violentas. La historia del deterioro institucional es conocida: se ha vivido en países de América Latina y en el nuestro.


Las instituciones se debilitan en la medida en la que no tienen autoridad para que se cumpla con la ley, pero también en la medida en la que, al endurecerse, incurren en otras violaciones. Es más fuerte un Estado que respeta las garantías individuales que uno que no las respeta. Uno que es fuerte en inteligencia para combatir el crimen que uno que sólo sabe desplegar su fuerza sin mayor efectividad.


Si se ha tomado la decisión (acertada) de fortalecer al Estado y de enfrentar con mayor coordinación a la delincuencia, con la misma determinación habría que definir una política de seguridad compatible con el estado de derecho y la democracia. Se puede ser enérgico frente a la delincuencia organizada y a la vez respetuoso de la ley y de los derechos humanos. Se puede garantizar la seguridad pública sin incurrir en actos de barbarie contra los manifestantes. Se puede separar en forma clara lo que es el crimen organizado y la protesta social. Se puede ser duro frente a la delincuencia sin ejercer presiones indebidas en contra de la libertad de prensa y opinión. El asunto más importante hoy es una definición política clara que ponga un freno definitivo a cualquier uso delincuencial de la fuerza pública y a la supresión de las libertades civiles. Esa es la política (democrática) que conviene a la sociedad, al gobierno y al Ejército.


Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista

Rogelio Ramirez de la O

Freno a precios abusivos
Rogelio Ramírez de la O
18 de diciembre de 2006

Una lectura de varias columnas sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el abuso de precios revela en unos casos falta de profundidad de los comentaristas y en otros prejuicios.

Quizás varios comentaristas no resisten la tentación de condenar las propuestas de López Obrador aun antes de reflexionar en ellas. El tema de los precios abusivos, sin embargo, es de tal importancia que sujetarlo a las lealtades políticas sería irracional.


Una estructura de precios altos en unos sectores y precios bajos o competitivos en otros, incluyendo en estos últimos los salarios, nos impide desarrollarnos. Primero porque los precios altos en bienes que son insumos de la producción aumentan los costos. Muchas empresas que podrían competir y crecer, no lograrán hacerlo. La economía tiene un freno.


Por ejemplo, el precio del cemento, más del triple que el precio internacional, eleva los costos de construcción. No se necesita ser adivino para concluir que si este insumo tuviera un precio igual al internacional, habría mayor construcción de vivienda. Los presupuestos públicos para obras de infraestructura alcanzarían para hacer mucha más obra que la que hacemos.


Los altos precios de la telefonía y de internet también encarecen la operación de negocios como el turismo, los restaurantes, y empresas de prestación de servicios. Así como el cemento impide mayor construcción, las telecomunicaciones caras impiden a empresas y a personas de talento que desarrollen nuevos procesos en informática, diseño, ingeniería o ciencia. México pierde por innovaciones que se dejan de hacer. Los estudiantes que no tienen acceso al internet se quedan rezagados de los estudiantes de Norteamérica o Europa, sólo por un problema de carestía del servicio.

Quienes verdaderamente desean que México gane en la globalización deberían darse cuenta que nunca seremos competitivos con estos precios.


Ni qué decir de los precios de la energía, que afectan toda la cadena de costos, desde los combustibles hasta la iluminación, calefacción y transporte. O los servicios bancarios, que generan crecientes utilidades para la banca, pero restan poder de compra a empresas y consumidores.


Es cierto que México ya tiene una ley de competencia y una comisión de competencia, y López Obrador propuso una ley y una comisión adicionales. Esto es normal en los países desarrollados en donde una sola comisión y ley no serían suficientes para cubrir toda la gama de problemas monopólicos. Así, antes de descalificar la propuesta debería considerarse que la Ley Federal de Competencia se vería reforzada en el combate de prácticas anticompetitivas. Por otra parte, el problema de precios exagerados en sectores importantes con frecuencia tiene un ámbito distinto al de la competencia y la prueba de ello es que dichos precios han subsistido aun cuando la ley y la comisión están vigentes desde 1993. No se puede negar que México tiene un problema que no tienen los países con los que comerciamos.


En muchos casos los grandes monopolios han sorteado exitosamente la acción de la ley y de su comisión en temas que ni siquiera se aproximan a los precios abusivos. Por ejemplo, la comisión ha perdido juicios muy importantes sobre si una empresa es o no es dominante en un mercado, sin siquiera llegar a cuestionar sus precios. Y las mismas empresas administran prolongados juicios en los tribunales, aprovechando todas las posibilidades del derecho administrativo, con la actitud más relajada.


Utilizar una referencia internacional de precios para fijar el criterio del posible abuso de precios es consistente con la premisa de que somos parte del mundo global. En ese mundo hay una oferta infinita de bienes y servicios de productores que compiten entre sí. Desde 1985 nuestra política comercial ha sido abrir nuestra economía a esa oferta, permitiendo la importación, salvo excepciones. A principio de los 80 había altas barreras a la importación, pero éstas fueron eliminadas sin que valieran argumentos de que era necesario proteger a industrias o empleo. Las empresas que no podían competir con el mundo no subsistieron y hoy prácticamente no hay empresas ineficientes. Por eso la tarifa de importación promedio ponderada es apenas 2.9%.


La propuesta de precios competitivos busca una acción ágil enfocada sobre precios que son claves para el éxito de las empresas y para el presupuesto de las familias. Sólo se ocupa de precios superiores a los internacionales en 10% o más, y sólo cuando esos precios provengan de sectores en donde hay concentración en unos cuantos fabricantes. Lo que varios comentaristas piensan que llevaría a una "cacería de brujas", ante la posibilidad de numerosos casos de precios altos, es erróneo, pues los casos de concentración no son muchos.


Qué bueno que han surgido varias explicaciones de esos precios altos por las mismas empresas o por sus aliados. Una es que los precios surgen de condiciones del mercado y que nadie debe tratar de regularlos. También se dice que a veces los precios son altos por la escala de producción y el costo de insumos. Las respuestas que surgen de la propuesta son claras. Los precios de insumos caros se corregirían con la acción de esta ley, incluyendo los de la energía. La escala de producción no es excusa válida para los casos de precios altos porque no ha sido válida para forzar a empresas pequeñas a competir con otras mucho más grandes en el mundo: por ejemplo, en acero, textiles, plásticos o auto partes. La ley no busca el control de precios, sino permitir la entrada de proveedores con precios competitivos al mercado.


La propuesta de precios competitivos es garantizar a los interesados que puedan obtener sustitutos más baratos a importarlos o producirlos en México, sin que las autoridades lo impidan con barreras a la importación o con barreras regulatorias.


Quienes cuestionan esta propuesta deben contestar dos preguntas: ¿merece o no México tener precios de bienes y servicios competitivos? ¿Es correcto que las autoridades toleren el abuso de precios contra familias y empresas por unos cuantos grandes productores?


rograo@gmail.com

Analista económico