Manuel Camacho Solis

Ejército y derechos humanos
Manuel Camacho Solís
18 de diciembre de 2006

El presidente Felipe Calderón ha querido fortalecer a su gobierno mostrando la fuerza del Ejército que lo respalda. En el discurso y en los hechos hay una política a favor del orden. Estas posiciones le han generado respaldo entre quienes están alarmados por el crecimiento del crimen organizado, pero también han despertado preocupación en la oposición y entre los defensores de los derechos humanos. Nuestro país no merece regresar a las peores prácticas del autoritarismo: puede tener una política de Estado frente a la delincuencia que sea compatible con un ejercicio de gobierno que respete los derechos humanos y las libertades.

Desde el primer día el Presidente ha querido significar su asociación con las Fuerzas Armadas. El desfile y su discurso en el Campo Marte fueron lo más significativo del 1 de diciembre. Desde entonces, se han repetido las acciones que van conformando su política. La operación conjunta contra el narcotráfico en Michoacán. Su decisión de transferir 7 mil 500 efectivos de la Tercera Brigada de policía militar y 2 mil 500 de la Armada de México a la Policía Federal Preventiva. Los anuncios de la Presidencia en la televisión para mostrar su cercanía con las Fuerzas Armadas. Ningún otro asunto ha recibido tanta atención.


De manera simultánea, ha crecido la preocupación sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. El padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ha comparado los excesos y violaciones en materia de derechos humanos que se viven en Oaxaca (en particular cuando se traslada a los detenidos sin ninguna orden a otro penal) con la que se vivió en el porfiriato, y ha advertido del riesgo de un retroceso de más de tres décadas en respeto a las garantías individuales. Por su parte, Rafael Reygadas, de Alianza Cívica, en referencia al operativo policiaco de los pasados 25 y 26 de noviembre en la capital oaxaqueña ha dicho que "vivimos imágenes en las cuáles no sabíamos si era el México actual o el Chile de Pinochet"; "no podemos aceptar que las mujeres detenidas se les haya paseado desnudas en helicópteros, con amenazas de ser arrojadas, porque era lo mismo que hacían los esbirros de Pinochet" (La Jornada, 14 de diciembre).


Las advertencias que hacen los defensores de los derechos humanos deberían ser escuchadas. Nada dañaría más al gobierno y al Ejército que este tipo de señalamientos continuaran y que terminaran por convertirse en su imagen nacional e internacional o en una justificación para acciones violentas. La historia del deterioro institucional es conocida: se ha vivido en países de América Latina y en el nuestro.


Las instituciones se debilitan en la medida en la que no tienen autoridad para que se cumpla con la ley, pero también en la medida en la que, al endurecerse, incurren en otras violaciones. Es más fuerte un Estado que respeta las garantías individuales que uno que no las respeta. Uno que es fuerte en inteligencia para combatir el crimen que uno que sólo sabe desplegar su fuerza sin mayor efectividad.


Si se ha tomado la decisión (acertada) de fortalecer al Estado y de enfrentar con mayor coordinación a la delincuencia, con la misma determinación habría que definir una política de seguridad compatible con el estado de derecho y la democracia. Se puede ser enérgico frente a la delincuencia organizada y a la vez respetuoso de la ley y de los derechos humanos. Se puede garantizar la seguridad pública sin incurrir en actos de barbarie contra los manifestantes. Se puede separar en forma clara lo que es el crimen organizado y la protesta social. Se puede ser duro frente a la delincuencia sin ejercer presiones indebidas en contra de la libertad de prensa y opinión. El asunto más importante hoy es una definición política clara que ponga un freno definitivo a cualquier uso delincuencial de la fuerza pública y a la supresión de las libertades civiles. Esa es la política (democrática) que conviene a la sociedad, al gobierno y al Ejército.


Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista